ACTA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENTÍFICOS Nº 1 AÑO 1999
Armando González-Posada,
Presidente de la AEC
Comentario al Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003)
El nuevo Plan Nacional confirma dos impresiones que venían siendo crecientemente conspicuas, pero que resultaban difíciles de creer porque comportaban demasiada satisfacción.
La primera es la certidumbre de que este Gobierno, y especialmente su Presidente, ha dado un SÍ decidido y trascendental a la Investigación Científica y Tecnológica. Hace demasiado tiempo que, en la esfera política, una estima verbal y hueca de la Ciencia y la Tecnología pertenecía al lenguaje de lo "políticamente correcto". Pero el Gobierno actual ha pasado de este tipo de lenguaje al de los números presupuestarios, que es el único idioma en el que se expresan los gobernantes cuando quieren que se sepa que hablan en serio. No sólo aumenta sensiblemente el presupuesto público en I+D, no sólo anuncia su voluntad de equipararlo en un futuro próximo con el de la media europea, sino que se adoptan simultáneamente interesantes medidas fiscales para incentivar la investigación y la innovación en la esfera privada. El Gobierno cree en la I+D+I. Y la satisfacción de los científicos y tecnólogos consiste en que necesitábamos creer que el Gobierno cree.
La segunda es la trascendental redefinición conceptual de la I+D, en cuya virtud el hecho científico extiende su ámbito o su contenido semántico hasta un nuevo escenario: el mundo de la empresa o del sistema productivo. Sin llegar a la concepción japonesa, que considera terminada una investigación cuando el producto derivado de ella está en el mercado, el nuevo Plan Nacional de I+D+I entiende que una investigación concreta llega a término cuando sus resultados suponen en el sistema productivo una innovación de la que se presume un correlativo aumento de la competitividad comercial. Y todo ello sin despreciar la investigación básica cuya vigencia queda garantizada en el nuevo Plan.
Esto, en España, es una revolución copernicana, o si se quiere, simplemente una revolución, ya que abre las puertas de forma decidida, y trata por igual, tanto a la investigación no orientada como a la que pretende un fin concreto directamente aplicable en el sector productivo. Ello necesariamente implica una redefinición de la política de evaluación de la labor de los investigadores y tecnólogos del sector público, que, hasta ahora, ha estado fuertemente desequilibrada en favor de las publicaciones reflejadas en el "Science Citation Index", como único indicador de su valía, si se desea que colaboren decididamente en los objetivos orientados que se definen en el Plan. Naturalmente no se trata de impedir o dificultar el que un científico publique siempre que tenga algo interesante que comunicar a la comunidad, sino que se debe estar en contra de la necesidad de publicar, impuesta por el poder político, como única manera de poder promocionarse, produciendo papers al peso.
Si este nuevo Plan Nacional, de alto grado de elaboración y concreción, se lleva a efecto, la I+D española habrá dado dos pasos de gigante. Pero falta un tercero. No sólo hay que investigar teniendo en cuenta al sector productivo, sino que hay que lograr que el propio sistema de I+D+I se organice y funcione con los esquemas modernos de gestión empresarial. No podemos seguir en un sistema cerrado de cooptaciones y trasvases entre la plantilla científica y la política para actuar como gestores del sistema.
Existe otra clase de personas que son los líderes empresariales, cuya ausencia en el gobierno de la ciencia ha tenido consecuencias gravísimas para ella. Ya en 1621, en pleno arbitrismo, advertía Sancho de Moncada en su "Restauración política de España" que «la verdad es que hay una ciencia de gobernar». Que es una forma de decir que las cosas son como son, y que no hay que dedicarse a discurrir, intuir, analizar, o probar aquello que ya es sabido y contrastado, y que lo que hay que hacer es poner en práctica aquello que ya se sabe que funciona y ha demostrado su utilidad. Muchas discusiones, vacilaciones, brujuleos y cambios bruscos de timón en la historia de la política científica española habrían carecido de sentido si se hubiera contado con la presencia de unos cuantos hombres de empresa al frente de la gestión pública de la I+D.
Hacen falta unos gestores empresariales que, en el sector público de la Ciencia, examinen y definan, en función de los objetivos que se les marquen, su política de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos financieros, de estructuras de gestión, de marketing, de imagen, de rentabilidad, de análisis de recursos invertidos y de su optimización... Tales políticas pueden ser buenas, malas, o regulares, pero ¿y si el problema consiste en que no existe ninguna? Eso es lo que no debe pasar, si se cuenta con gestores como los que hay en no pocas empresas privadas españolas de alta tecnología, cuya ejecutoria les permite ser rentables, y que por ello irán siendo objeto de atención en nuestra publicación.
